Uno de los primeros asuntos que el presidente Alberto Fernández ha enfrentado durante sus primeros días de gobierno en Argentina es el hecho de que sus cárceles siguen llenas de consumidores de cannabis.
Por esto y tal como lo anunció en junio pasado, Fernández busca una regulación integral que proteja los derechos de los fumadores mayores de 18 años y que evite las detenciones injustas.
Con este objetivo, el gobierno argentino se mostró abierto a estudiar los modelos de países como Estados Unidos, Chile y Canadá, los cuales redujeron los gastos innecesarios y evitaron criminalizar a sus consumidores.
Para los optimistas, este esfuerzo podría tener como resultado la salida del cannabis de la lista de sustancias prohibidas, después de más de 30 años de que la legislación sancionara su uso y de casi 90 años de que esta planta estuviera incluida en dicha lista.
"Persiguiendo como perseguimos solo generamos un mercado negro que es perfecto para los grandes delincuentes del narcotráfico y le arruina la vida al pequeño consumidor que ha decidido intoxicarse, como el fumador de tabaco, que lo hace cotidianamente", sentenció el mandatario.
El proyecto de ley de Fernández contempla la despenalización de la portación de marihuana para consumo personal y la posibilidad de autocultivo para uso privado.
Respecto a la regulación, el proyecto de ley que trabaja el gobierno argentino tiene claro que debe incluir el tema del cultivo, así como cuestiones de certificación de la calidad para los consumidores.
Para esto, el mandatario propuso regular el cultivo mediante la posesión de plantas y no de metros cuadrados cultivados. Esto se debe a que no todas las plantas de cannabis pueden producir flores (marihuana), sino solo las hembras que contienen altos niveles de THC.
De esta forma, se pretende que la legislación permita a los argentinos poseer hasta seis plantas de cannabis, de las cuales tres pueden ser hembras y estar floreciendo. Dicho estándar es internacionalmente aceptado.
En cuanto a regular condiciones como las que prevalecen en países como Uruguay, para el gobierno argentino es inaceptable el hecho de que el Estado pueda tener un monopolio del cannabis.
Pese a esta situación, lo que sí pudo asegurar el gobierno argentino como primera parte de su plan estratégico es que luchará contra las detenciones pues, según datos de la propia policía, más de la mitad de los sancionados por portar marihuana son consumidores.
Sin embargo, este no es el único dato significativo para el gobierno sobre los detenidos, pues es preciso indicar que la condición social de los consumidores juega un papel muy importante.
Un análisis de la fiscalía encontró que la gran mayoría de los detenidos por este delito eran personas de estrato socioeconómico bajo; caso similar a lo que sucede en estados Unidos, donde los detenidos en su mayor parte son personas de color o de origen latino.
Finalmente, es preciso indicar que la propuesta final que los legisladores debatirán se basa en cinco puntos:
De esta forma, el presidente Fernández plantea la implementación de una política integral que regule el consumo de cannabis de forma práctica, segura y con las normas de calidad que brinden tranquilidad a los fumadores de cannabis.
Con información de Infobae
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