Mediante una propuesta enviada al Senado de Estados Unidos, legisladores demócratas aludieron que urge la bancarización de la industria cannábica, con el fin de impulsar a las primeras empresas de cannabis en la fase inicial de legalización. El acceso a los bancos les brindaría, a decenas de negocios, la oportunidad de crecimiento que requieren para competir con las grandes marcas.
La denominada Ley SAFE abriría las puertas a las marcas cannábicas para utilizar los servicios bancarios y comercializar sus acciones en las principales bolsas de valores. Todo esto es parte de un proceso legal que protege a las instituciones financieras de cualquier responsabilidad o acción de decomiso por parte del gobierno federal por proporcionar cuentas, préstamos o seguros a firmas cannábicas.
Bancarización por la equidad social
Estas no son todas las ventajas que plantea la nueva iniciativa de ley, pues los legisladores argumentan que parte de los ingresos por las ventas de cannabis pueden utilizarse para programas que promuevan la equidad social. La propuesta pone énfasis en las comunidades minoritarias, con miembros que hayan enfrentaron arrestos desproporcionados por posesión de marihuana, durante la llamada guerra contra las drogas.
La propuesta busca que las ganancias por las ventas de la planta se dirijan específicamente a los colegios y universidades que, históricamente, tienen mayor alumnado con personas de color. En este sentido, Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, indicó que la idea es brindar más apoyo a las comunidades afroamericanas como una medida para contrarrestar todas las afectaciones que tuvieron estas personas durante las décadas de guerra contra las drogas.
Ahora bien, es necesario precisar que la implementación de la llamada Ley SAFE va de la mano de la despenalización del cannabis a nivel federal, pues, en términos legales, la bancarización del sector requeriría la descriminalización del uso de esta planta, ya que eliminaría las cargas regulatorias más difíciles para las empresas, permitiéndoles tomar deducciones fiscales, mantener cuentas bancarias y obtener préstamos.
¿La bancarización suaviza los castigos?
Según detalles de un borrador de la discusión en el Senado, publicado por Bloomberg, la propuesta de los demócratas legalizaría y regularía la marihuana a nivel federal, pero permitiría a los estados mantener sus propias sanciones. Al mismo tiempo, los delitos federales no violentos relacionados con la marihuana serían eliminados de los registros y esas condenas ya no se utilizarían para negar beneficios federales o afectar al estado migratorio de los involucrados.
En este sentido, Maritza Pérez, de la Drug Policy Alliance, indicó que el Congreso finalmente se está poniendo al día con lo que la gente ha solicitado durante mucho tiempo, pues aquellos que son condenados por delitos relacionados con la marihuana enfrentan consecuencias que alteran la vida, lo que dificulta conseguir un trabajo o recibir beneficios públicos.
Estas coincidencias hacen pensar que el proyecto de ley se encuentra más consolidado. La nueva ley trataría a la marihuana como al alcohol o al tabaco, lo que permitiría gravarla y regularla. Los menores de 21 años no podrán comprar cannabis y seguiría siendo ilegal vender cantidades significativas sin la debida licencia y autorización.
La venta de marihuana estaría regulada por múltiples agencias, incluida la FDA, la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Incluso, la nueva ley le daría supervisión a la FDA no solo de los productos farmacéuticos que involucran cannabis, sino también de los alimenticios.
Lo que debe atenderse antes de la bancarización
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues una fracción de los legisladores no está de acuerdo con la bancarización de la industria cannábica. Este es el caso del senador Cory Booker de Nueva Jersey, quien dijo que no apoyaría la medida.
«No sé acerca de otros miembros del Senado, pero me apresuro a detener un proyecto de ley bancario fácil que permitirá que todas estas corporaciones ganen mucho más dinero, en lugar de enfocarse en el aspecto de la justicia restaurativa», enfatizó Booker.
Otro legislador que parece estar en contra del enfoque que tiene la actual iniciativa de ley es Ed Perlmutter, un demócrata de Arvada, quien aclaró que apoya la legislación de reforma integral del cannabis. Sin embargo, existe una seria amenaza a la seguridad pública para las comunidades cannábicas.
«Las empresas relacionadas con el cannabis, incluidas las pequeñas y las pertenecientes a minorías continúan viéndose obligadas a operar como negocios de gran volumen de efectivo que están siendo blanco de delincuentes violentos y que ponen en riesgo a nuestras comunidades y electores», puntualizó Perlmutter.
Pese a todo, este riesgo de sufrir violencia es el que intenta disminuir la Ley SAFE, ya que, usualmente, los negocios cannábicos tienen grandes cantidades de efectivo obtenidas legalmente, pero no financiables.
Con información de Bloomberg, Mjbizdaily y Colorado Sun
Foto: Mike Petrucci / Unsplash
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