En el marco del anuncio de la aprobación en lo general del dictamen de la Ley para la Regulación del Cannabis, diversas organizaciones civiles procannabis acusaron al Senado de ignorar sus demandas para beneficiar al sector industrial.
Dicha ley, que se aprobó con 26 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, sacó a la luz diversas irregularidades que, a decir de las organizaciones civiles, continúan criminalizando a los consumidores recreativos y ponen en desventaja a los usuarios medicinales.
ONG´s contra lo comercial
Por esto, estas agrupaciones de la sociedad civil pidieron a los legisladores no priorizar los intereses comerciales por encima de los problemas de quienes consumen marihuana por motivos personales o medicinales.
Tal es el caso de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), quien pidió a los legisladores corregir los graves errores que, por ahora, presenta esta iniciativa de ley.
Según MUCD, este dictamen carece de una visión de justicia social y prioriza el desarrollo comercial, en lugar de la protección a la salud y a la seguridad pública.
Este organismo detalló que la iniciativa de ley no atendió a ninguna de las recomendaciones que la sociedad civil, pacientes, médicos, especialistas y activistas realizaron a los legisladores durante año y medio.
Además, pone barreras para que los campesinos puedan convertirse en productores legales, como el registro ante el Sistema de Administración Tributario (SAT) y las pruebas de testeo a las semillas. Lo que significa que existe una sobrerregulación y persiste la criminalización a los consumidores.
Control para el cannabis
Por su parte, José Manuel García, integrante de Autocultivo Medicinal en México (Amem), aseguró en entrevista con El Heraldo de México que la semilla se utilizará como una forma de control.
García añadió que el dictamen no hace mención sobre el uso terapéutico, solo aborda el acceso a medicamentos farmacéuticos, lo que significa que 3 000 pacientes que utilizan cannabis con fines terapéuticos se quedarán en el limbo.
En tanto, el Movimiento Cannábico Mexicano señaló que este dictamen no resuelve la situación, pues establece restricciones mayores respecto de los consumidores de alcohol y de tabaco, que son drogas legales.
«El Senado no está cumpliendo con el mandato de la SCJN, lo que estamos viendo es una ley de discriminación, una ley que nos convierte en ciudadanos de segunda», argumentó Pepe Rivera, activista de esta organización.
Presión sobre el Senado
Asimismo, el Instituto RIA Mx, organización de investigación e incidencia en políticas de drogas y de construcción de paz, pidió al Senado que se elimine el cannabis del cuadro de fiscalización que está en la Ley General de Salud, donde se pretende aumentar de cinco a 28 gramos el límite de portación legal.
En este sentido, Jorge Herrera, fundador de la ONG, aludió que el cannabis es una droga segura. Sin embargo, el único problema con esta planta es que es ilegal, lo cual aumenta sus riesgos. Por lo que la solución es implementar una #RegulaciónPorLaPaz.
Herrera coincidió en que el registro de semillas será un obstáculo para que campesinos se beneficien de las licencias de cultivo, por lo que propuso incrementar la proporción de licencias de este tipo que se destinan de forma prioritaria a los productores rurales.
Regular por la paz
Finalmente, la Regulación por la Paz, una coalición de personas, colectivos y organizaciones que impulsan la transformación integral de las políticas de drogas, urgió a presionar a los legisladores para hacer valer los derechos de los consumidores de cannabis medicinal y recreativa.
«Reconocemos que el proceso legislativo está avanzando y el hecho de que hubo una mayoría de senadores que votaron a favor de este proyecto demuestra un cambio de paradigma para México. Sin embargo, el proyecto presenta grandes obstáculos que vulneran los derechos de las personas usuarias, de pacientes y de las comunidades campesinas dedicadas al cultivo de esta planta», indica la organización civil en su sitio web.
Con el objetivo de agilizar el proceso, la ONG implementó un campaña a través de su sitio web www.regulacionporpaz.bonde.org, plataforma que permite a los interesados enviar un correo electrónico a 128 senadores para presionar para que se hagan modificaciones al proyecto de ley.
Con información de El Heraldo de México, MUCD, Amem MX, Movimiento Cannábico Mexicano, Instituto RIA MX y Regulación por la Paz
Foto: Indira Kempis / Twitter
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