Tras el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre considerar un plazo para dejar “enfriar” el tema del cannabis, la organización civil Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) creó el movimiento #CannabisConPermiso, con cual pretende incitar a los ciudadanos a presionar al gobierno para lograr una regulación integral.
La campaña #CannabisConPermiso tiene como objetivo explicar a los ciudadanos los pasos para obtener un amparo que avale el uso recreativo del cannabis; proceso que no tiene ningún costo.
Es preciso indicar que esta campaña surgió como una reacción a la decepción sobre el trabajo que había venido realizando el Senado de la República, durante los últimos meses, el cual finalmente no tuvo frutos.
Aplazar, pero “enfriar” la discusión
La organización civil dio a conocer un artículo elaborado por los periodistas Víctor Gutiérrez y Tania Ramírez, quienes ponen énfasis en puntos importantes, como el aplazamiento para la legislación, que tiene como plazo máximo el próximo 30 de abril de 2020.
De acuerdo con el organismo, este aplazamiento es incongruente en relación al trabajo previo que se ha venido desarrollando, mediante foros, mesas de discusión y diálogo con distintos actores.
Por tanto, el MUCD alude a la falta de competencia del organismo gubernamental para cumplir con sus obligaciones, respecto al fracaso que se suscitó con el aplazamiento y consideró como arbitraria, la elección de las 10 iniciativas que servirán de base para la elaboración del dictamen.
El documento elaborado por la organización civil enfatiza en que el proyecto de predictamen que se elabora actualmente, solamente beneficia a actores empresariales, ya que, sobre regula la producción, evitando el acceso al mercado de pequeños productores y mantiene un enfoque punitivo.
“Después de meses de trabajo, el Senado nos entregó un documento con pobre técnica legislativa, haciendo uso de sobre regulación, definiciones erróneas, que excluye a grupos vulnerables, favorece únicamente a las grandes empresas y reproduce prejuicios e inercias”, alude el artículo publicado en el portal Animal Político.
Debate para regulación justa
Lo anterior, en referencia al Anteproyecto de Dictamen de la Ley de Regulación del Cannabis, dado a conocer por la Comisión de Justicia del Senado, el pasado 24 de octubre, donde se faculta al Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo para establecer las bases para una recaudación justa.
Otro punto de quiebre, según el organismo son la diversidad de significados que tiene este proyecto, como las “25 definiciones distintas sobre palabras tan básicas como almacenar, fumar, transformar o aprovechar, lo cual se traduce en sobrerregulación, es decir, genera confusión y produce huecos legales”.
Asimismo, considera como urgente derribar las barreras que podrían impedir que pequeños productores y campesinos entren a este modelo de negocio en forma legal, tal es el caso de las pruebas de laboratorio o testeado.
Dichas pruebas tienen la finalidad de probar la calidad del cannabis, pero su costo es imposible de pagar para estos actores, lo que no permitirá que entren al negocio con facilidad.
En otro aspecto, el documento critica la no despenalización al consumo y el no cambiar el Artículo 198 de Código Penal Federal, que criminaliza la siembra, cultivo y cosecha de plantas de cannabis.
#CannabisConPermiso
“Resulta un sinsentido volver a recurrir al derecho penal a través, por ejemplo, de la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Junta del Gobierno o de la criminalización a mujeres que consumen. Si a lo anterior le sumamos que este proyecto deja intacto el artículo 198 de Código Penal Federal (criminalización de la siembra, cultivo y cosecha de plantas de cannabis), nos encontramos con un sistema que castigará con cárcel a quienes no puedan pagar los costos de los trámites administrativos necesarios para entrar en un mercado regulado, es decir, a las poblaciones vulnerables”, añade la publicación.
El MUCD alude que el gran problema es la declaratoria de inconstitucionalidad de la SCJN, debido a que genera incertidumbre total, sin reglas claras, con obstáculos en el ejercicio efectivo de los derechos y con una política de criminalización vigente.
Finalmente, el organismo dejo entrever lo benéfico del aplazamiento como producto de los llamados de alerta por parte de grupos de la sociedad civil y académicos, los cuales denuncian lo “peligroso” de continuar avanzando hacia una regulación que no sería redituable.
Con información de Animal Político, Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia y Senago.gob.
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