Como medida aséptica, los miembros nuevos de cada asociación deberán cumplir con un periodo de carencia de 15 días; medida que busca frenar el llamado turismo cannábico.
Las cantidades máximas que recibirá cada agremiado también están reguladas por esta ley: los mayores de 21 años podrán adquirir hasta 60 gramos al mes, mientras que los de 18 sólo 20.
Dentro de las instalaciones de cada asociación estará prohibido el consumo de alcohol y de alimentos con cannabis; y aquellos que entreguen la marihuana deberán tener y propagar información acerca de sus usos y riesgos.
Por otro lado, las asociaciones deberán operar bajo el régimen fiscal vigente y pagar impuestos. De hecho, el gobierno catalán contempla la posibilidad de implementar un impuesto exclusivo de cannabis.
Y es que el potencial del mercado catalán es importante: según cifras aproximadas, a finales de 2013 los clubes de marihuana en Cataluña pudieron facturar alrededor de $5 millones de euros mensuales, cifra que al día de hoy podría haberse duplicado.
Una regulación pionera en Europa
Esta regulación tuvo su génesis en 2014, cuando la Cámara Catalana aprobó una disposición para que los diputados diseñaran un marco regulatorio para los clubes de cannabis en un plazo menor a seis meses. La falta de consenso entre los grupos involucrados movió a La Rosa Verda a una recogida de firmas para presentar una iniciativa popular. Se juntaron 56,000 firmas. Entonces se creó un espacio en el Parlament por el que pasaron psicólogos, sociólogos, farmacólogos… más de 30 expertos incluido Milton Romani, el expresidente de la Junta de Drogas de Uruguay.
https://twitter.com/LaRosaVerda/status/880076785995657218
El resultado del debate es esta ley integral aprobada que, en palabras de sus diputados, recibió un apoyo transversal. “No queríamos hacer algo a medias, queríamos una medida integral que considerase todo el espectro, y evitar que la marihuana entrara por la puerta de atrás, queríamos regular la dispensación. Estamos muy satisfechos con el texto final. Esta ley es muy avanzada y está mandando un mensaje claro: es momento de cambiar paradigmas cuando se trata de legislar sobre drogas”, dijo la presidenta de la Comisión de Salud en el Parlament, la diputada Alba Vergés.
Riesgo de impugnación, existe precedente
Pese a esto, la Ley tiene un latente riesgo de impugnación. El argumento es que una regulación de esta naturaleza es competencia del Estado. De hecho, cuando la ILP estaba en trámite, el ejecutivo de Rajoy presentó ante la cámara catalana una queja con esta premisa.
Incluso una regulación similar aprobada por el Parlamento Vasco, a finales de 2016, se encuentra al día de hoy detenida de manera cautelar por el Tribunal Constitucional, a razón de un conflicto de competencias, específicamente aquellos aspectos de la producción de fármacos, legislación penal y seguridad pública.
Para los miembros de Asociaciones lo más importante es la certeza jurídica, y que la regulación entre en vigor lo más pronto posible. No debería existir riesgo de descontrol alguno, si se considera que esta ley tuvo sus prolegómenos en el Código de Buenas Prácticas que escribieron las propias asociaciones para autorregularse.
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