En 1961, la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó el uso de esta planta. Ahora, busca dejar de criminalizar el cannabis mientras que la ONU tiene dudas al respecto.
Desde enero de 2019, el organismo mundial propuso eliminar del Anexo 4 la lista más restrictiva de estupefacientes. Pese a ello, la propuesta se ha retrasado.
Tal contratiempo se debe a la incertidumbre con la que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tratado la propuesta.
La OMS recomendó que se modificara la catalogación del cannabis en pos de la defensa de los tratamientos con cannabinoides.
Por su parte, la ONU duda significativamente acerca de si estamos o no al borde de la reforma de la política mundial del cannabis.
Actualmente, la Convención Única sobre Estupefacientes prohíbe la producción y el suministro de medicamentos con cannabis, salvo en los casos en los que el gobierno los produzca para fines médicos.
Lo anterior se debe a que el cannabis se clasifica, junto con la cocaína y con la heroína, como una sustancia adictiva y sin beneficios medicinales.
Vale mencionar que esta ley no es válida internacionalmente, sino que la legislación de cada país debe aprobar su puesta en marcha. Pese a lo anterior, la moneda sigue en el aire, pues no será sino hasta diciembre de 2020 cuando la OMS tenga un veredicto final.
Incluso si el organismo diera luz verde, no eliminará los controles globales de cannabis de la Convención Única. Por eso, la complejidad de implementar las recomendaciones es un gran desafío.
Para que la reforma global sobre el cannabis tenga efecto será necesario que cada país aplique políticas adecuadas. Tal hecho implica también la creación de controles internacionales.
Sin embargo, las limitantes se basan en la tecnología y en los recursos humanos, que son los que garantizan el cumplimiento de los controles de calidad y seguridad.
Al respecto, Robert Hoban, columnista de la revista Forbes, sugiere que, para cumplir estas medidas, la ONU necesita establecer pruebas estandarizadas internacionales.
Las pruebas deberán cumplir los requisitos de control aplicables para que las autoridades nacionales puedan monitorear e informar a la ONU sobre cualquier anomalía.
Según Hoban, estas normas pueden ser la solución, pero también crearían una carga tremenda sobre los estados miembros tras su implementación.
"El progreso requiere paciencia. La reforma no sucederá de la noche a la mañana, pero ha llegado demasiado lejos como para detenerse ahora", puntualizó Hoban.
Con información de Forbes
Foto: Herbadea Berlín
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