Periodismo cannábico impulsa la cultura y la industria: Matías Maximiliano
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En el marco de las modificaciones a la Ley General de Salud, las cuales establecerán la integración de la Ley para la Regulación del Cannabis, el Senado de la República podría avalar aumentar de 5 hasta 28 gramos el consumo personal permitido en México
Dicho aumento de gramaje, surge de la propuesta del coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miguel Ángel Osorio Chong y su compañero Manuel Añorve, quienes proponen reformar el Artículo 479 de la Ley General de Salud.
Legalizar consumo personal
Asimismo, esta iniciativa de ley prevé que las modificaciones a la ley permitan el desarrollo de infraestructura y mercado para uso médico, científico, lúdico, recreativo e industrial del cannabis en México.
Al momento, los legisladores han dejado entre ver algunos avances, algunos de los cuales fueron expuestos por el diario El Universal, el pasado sábado, cuando abordó los términos para la regulación del cannabis.
De acuerdo con el citado medio, la regulación prevista en la ley permitirá “almacenar comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, exportar e importar, fumar, patrocinar, plantar, portar, obtener o poseer, preparar producir, promover publicitar, sembrar, transformar, transportar, suministrar, vender y adquirir marihuana bajo cualquier título” en México.
Cannabis regulado
La propuesta también prevé la creación del denominado Instituto Mexicano del Cannabis, organismo que en coordinación con la Secretaría de Salud se encargará de normar el control sanitario y el uso de la marihuana para los fines legalmente autorizados.
De acuerdo con lo estipulado, este organismo será el encargado de otorgar, modificar, renovar, suspender o revocar licencias y permisos; establecer la regulación y características de éstos, así como sus prórrogas y revocaciones.
Esta nueva ley establece que las licencias serán de cuatro tipos: cultivo, transformación, venta y exportación o importación de cannabis.
Sin embargo, la moneda todavía está en el aire, pues el dictamen será discutido en el seno de las comisiones para su aprobación y, posteriormente, para luego ser enviado al Pleno del Senado para debatir.
Finalmente, el siguiente paso sería el rechazo o avalación de la iniciativa de ley, respectivamente. En caso de avalar la propuesta con los votos necesarios en la mayoría simple, se enviará a la Cámara de Diputados para su análisis.
Senado debe enfrentar riesgos
Ante este panorama, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), quien desde 2012, busca una regulación integral y responsable del cannabis, afirmó que el dictamen del Senado representa graves riesgos y sólo beneficiaría a la gran industria dejando de lado la justicia social.
Esto debido, a que, según el organismo, el mercado propuesto no cumpliría con los objetivos de la regulación, que son procurar la salud y la seguridad pública con un enfoque de justicia social.
MUCD afirmó que este proyecto de dictamen no es el modelo adecuado para el contexto mexicano, por lo que alertó a la población y urgió al Senado a no aprobar este dictamen en sus términos.
En este sentido, el organismo exigió seis cambios indispensables para la propuesta, como: eliminar la necesidad de registro de usuarios, así como disposiciones desproporcionales para la adquisición de semillas; éstas no tienen THC; remover las pruebas de laboratorio, porque los campesinos no pueden pagarlas y les impiden entrar al mercado lícito.
También pidieron adecuar los requisitos de empaquetado, para que éste sea seguro, pero puedan ser cumplidos por todos los actores del mercado, aunado a eliminar la necesidad de contar con una licencia para realizar auto cultivo.
Más gramos, menos criminalización
Los últimos puntos de pliego petitorio abordan quitar todas las alusiones a la ilicitud, ya que implican de nuevo un enfoque criminalizante, cuya herramienta es el derecho penal, y lograr una despenalización efectiva a través de la modificación del Artículo 198 del Código Penal Federal.
La organización civil enfatizó en que no es tan necesario cumplir con los plazos que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí es indispensable aprobar una regulación adecuada para México, para no perder oportunidad histórica de corregir los errores del pasado y regular bien.
Con información de El Universal, Senado.go y MUCD.
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