Ecuador aprobó un proyecto de ley por demás de polémico, el cual devuelve su legislación a la "premodernidad" o a la precariedad del Régimen Internacional de Control de Drogas.
El proyecto es la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, un perfeccionamiento a la prohibición de sustancias, entre ellas, el cannabis.
En pocas palabras, la norma prohíbe el consumo y la venta de drogas en espacios y en eventos públicos, y dicta una penalización. Los agentes de la policía están en su derecho de aprehender a quienes realizan microtráfico.
La iniciativa proviene del asambleísta José Serrano, quien fue ministro del Interior de la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas (SETED), y contó con 123 votos a favor, por parte de 132 asambleístas presentes.
La prohibición se dará en los 221 municipios ecuatorianos.
Una de las consecuencias será una extrema criminalización de consumidores que eliminará por completo cualquier reconocimiento de sus derechos y de sus garantías constitucionales.
Ecuador podría considerarse un referente en todo América Latina, incluso en el mundo, por su reconocimiento de no criminalizar a usuarios de drogas, de acuerdo con idpc. El artículo 364 de su nueva Constitución menciona la licitud de su uso y de su consumo, enfatizando en la inocencia de las personas que utilizan drogas.
Las ambivalencias en el sistema, no obstante, son evidentes desde 2008. Se encuentran matices en las reformas y en las contrarreformas, ya sea en políticas públicas como en jurisprudencias.
El indulto a transportistas ("mulas") con pequeñas cantidades contrasta con el aumento del castigo por delitos de tráfico, por mencionar un ejemplo.
El escenario en Ecuador es controversial y contradictorio, al tiempo que no se define un status legislativo congruente, por lo que la aprobación de esta ley empeorará todo el panorama actual.
La ley contra el consumo y el microtráfico de drogas conlleva la reforma expresa, según idpc, a las siguientes leyes: prevención de drogas, comunicación, movilidad humana, gobiernos autónomos descentralizados y régimen especial de las islas Galápagos.
La erradicación del consumo se traduce en prohibición del uso de drogas, una acción extremista que se disfraza de "prevención".
La aprobación resultará en la negación de la existencia de las personas y de los grupos consumistas y sus derechos.
Los especialistas en el tema esperan un efecto colateral grave en cuestiones sociales, políticas y económicas.
Existe también otro componente grave y altamente polémico en este proyecto que es la intromisión de la policía en el sistema de educación pública de todos los niveles.
La iniciativa demanda la implantación de un modelo educativo poco tolerante y desapegado de los derechos individuales, sin mencionar los avances en el mundo actual.
Las escuelas privadas y públicas podrán contar con cámaras en colaboración con el 911, el municipio y las autoridades educativas.
Se harán controles permanentes en los exteriores de las instituciones para detectar y para evitar el consumo, informó El Mercurio.
El proyecto tiene un respaldo importante: los municipios deberán ofrecer opciones para la rehabilitación de los consumidores de drogas.
Los municipios podrán decidir quiénes serán rehabilitados y quienes no, haciendo que el servicio se convierta en un premio o en un castigo, dependiendo del cristal con el que se mire.
Los ciudadanos de otras nacionalidades también se verán afectados, pues podrán ser expulsados del país.
La nueva ley busca utilizar la comunicación y la información como un arma más para la enajenación, ya que se apoyará en el negacionismo y en la narco-cultura para su difusión.
Con información de idpc y El Mercurio
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