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Este martes, el Senado de Uruguay aprobó por unanimidad la iniciativa de ley para regular en aquel país el consumo de cannabis con fines medicinales y terapéuticos.
De esta manera, el Ministerio de Salud Pública de Uruguay (equivalente a la Secretaría de Salud mexicana) podrá incluir estos productos en el Sistema Nacional Integrado de Salud y será incluido en las prestaciones del Fondo Nacional de Salud.
Además, según explicó el diputado frenteamplista Alejandro Zavala, quien fue uno de los legisladores que promovió la iniciativa, con la regulación también se hace obligatoria la prescripción médica para el tratamiento, tal como sucede con los antibióticos.
El legislador explicó que el tratamiento no es el mismo para pacientes con cáncer que presentan dolores crónicos y náuseas, que para aquellas personas que necesitan, por ejemplo, para una epilepsia refractaria. De allí viene la urgencia de que sea un médico quien prescriba al paciente lo que deberá consumir dependiendo de su condición.
Quienes estén interesados en adquirir cannabis medicinal en Uruguay podrán hacerlo directamente en farmacias con licencia, pues la venta será exclusiva de dichos comercios.
“La ley le dice al productor que, para producir aceites, debe cumplir estándares mínimos de calidad que además sean reproducibles”, explicó Zavala.
Con la aprobación del proyecto, el Senado busca mejorar el acceso de los pacientes a este tipo de tratamientos, además de regular con estándares de calidad a los pequeños productores que elaboran aceites y medicamentos.
¿Qué sigue para el cannabis medicinal en Uruguay?
Pese a que la iniciativa fue aprobada en lo general por los 21 senadores, quedaron pendientes algunos artículos. La cámara alta consideró que no contó con tiempo suficiente para analizar el proyecto en detalle por no haber pasado antes por comisiones.
Ahora, los productores de marihuana tendrán un periodo de 60 días para presentar su voluntad de regularse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).
Por otra parte, existe la probabilidad de que la reglamentación no se lleve a cabo por el gobierno actual, sino por el presidente electo Luis Lacalle Pou.
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