España, un lugar en el que cerca de un millón de personas consumen cannabis diariamente, se debate entre el prohibicionismo, que da pie a la persecución legal, y la normalización social en el tema del consumo de cannabis.
Al igual que en otros países, en España, el uso de cannabis de manera privada es legal. Uno puede consumir cierta cantidad e incluso cultivar en su propio hogar.
Un punto muy importante es que este cultivo no puede ser visible desde la vía pública. Por consiguiente, obtener cannabis de manera externa tiene sus limitaciones.
Un individuo en España, al no poseer el conocimiento o los medios para plantar su propio cannabis, se ve en un gran conflicto a la hora de querer abastecerse de dicha droga de manera legal.
No es de sorprender que orillados por la restricción, acudan al comercio informal o al mercado negro. ¿Qué sucede cuando alguien recurre a la vía ilegal? La respuesta es muy variada y abarca un sinfín de posibilidades.
Es fácil que los consumidores se encuentren con productos de mala calidad o con ingredientes contaminados. Por otro lado, se convierten en un eslabón más de la cadena del narcotráfico y de la violencia en el país, de acuerdo con el sitio Iceers.
La actividad de comprar cannabis por la vía ilícita viene acompañada de sanciones administrativas tanto para el consumidor como para el vendedor.
La situación en España es alarmante, puesto que 8 de cada 10 infracciones por droga están asociadas con el cannabis.
Como una medida para frenar el narcotráfico en el país europeo, han surgido movimientos y asociaciones a favor del consumo legal de cannabis.
Los CSC (Clubes Sociales de Cannabis, por sus siglas en español) impulsan el autoabastecimiento por medio de redes de personas consumidoras que, a través del autocultivo, proveen de la droga a sus compañeros.
Los grupos han intentado en varias ocasiones regular la actividad por medio de la ley española, aunque sin mucho éxito por las prohibiciones ejercidas por el Tribunal Constitucional.
Los clubes han sido tratados como criminales por parte de la justicia y vistos socialmente como "traficantes".
Los Clubes Sociales de Cannabis han sido víctimas del desamparo, el cual ha repercutido en su integridad desde lo económico hasta el estigma social y el escarnio por parte de sus compatriotas.
La principal incongruencia en este caso está relacionada con las sanciones económicas que se les imponen a los miembros de los CSC.
Los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública, especialmente relacionados con tráfico de estupefacientes, indican que no se puede lucrar con la droga.
Los CSC, sin embargo, no actúan con ánimo de lucro, sino que los beneficios se ven reflejados directamente en las propias asociaciones y en sus proyectos colectivos.
El gobierno ha cerrado varios de estos clubes y asociaciones como un acto desesperado, lo que alimenta los prejuicios sociales y la actividad ilícita de comprar cannabis de manera externa.
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