En 2018, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció que eliminaría el CBD de la lista de sustancias prohibidas para los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, el consumo de THC o marihuana recreativa está prohibido para los atletas olímpicos.
El consumo de cannabis de uso adulto puede descalificar a los seleccionados olímpicos, ya que, pese a que la legalización abrió pauta para el debate, su consumo tiene la capacidad de mejorar el rendimiento de un deportista, por lo que viola "el espíritu del deporte".
La velocista estadounidense Sha'Carri Richardson fue descalificada para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de dar positivo por consumo de THC. El caso de Richardson es algo peculiar pues, aunque las leyes estatales digan que no cometió ningún delito, el organismo internacional criminalizó su consumo de marihuana recreativa.
Es importante considerar que Richardson, de 21 años, no es una asidua consumidora de cannabis, sino que el uso de la planta la ayudó a superar el duelo por la muerte de su madre, ocurrida en junio de 2021. Lo sucedido a Richardson es un claro ejemplo de la ambigüedad a la que se enfrentan decenas de fumadores, pues el consumo de cannabis está prohibido los días de carrera, pero no fuera de la competencia.
La polémica surge tras el cuestionamiento de la doble moral. Por un lado, descriminaliza el consumo de uso adulto, aunado a la propia decisión de la AMA de apoyar el uso de CBD en cuestiones medicinales y, por otro, sanciona duramente a una atleta que utilizó marihuana para atenuar el estrés extremo y la ansiedad repentina utilizando un producto que podía comprar y consumir legalmente en el estado donde habita.
De hecho, la marihuana recreativa es legal en más de una docena de regiones en Estados Unidos, incluido Oregón, lugar donde se llevó a cabo el juicio a Richardson. Pese a esto, los criterios no son muy claros, pues todos los cannabinoides naturales y sintéticos están prohibidos por el Comité Olímpico y Paraolímpico de los Estados Unidos, organismo que sigue las reglas de la AMA, quien acepta solamente el uso de CBD para aminorar molestias en los deportistas.
En este sentido, el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, describió, en mayo pasado, que la política de marihuana del gobierno estadounidense es "un régimen de mitad de entrada y mitad de salida que, simultáneamente, tolera y prohíbe el uso local". Este tipo de comentarios es un atenuante que valida que Richardson no cometió ningún delito, pues, desde 2014, la marihuana medicinal es legal en Oregón y el gobierno federal es claramente consciente de este hecho.
Por su parte, Richardson aludió que no culpa al Comité Olímpico por su decisión ni tampoco considera que dicha organización esté alentando una perspectiva de desigualdad de género, para que una mujer estadounidense pierda su oportunidad de ganar oro olímpico a consecuencia de consumir una sustancia que muchos ingieren.
Pese a esto, la moneda sigue en el aire, pues, a decir del Comité Olímpico, solo sigue las órdenes de la AMA, organismo para el cual el uso de cannabis representa un riesgo potencial para el atleta mismo y para sus compañeros. Según esta organización, el consumo de marihuana implica que los deportistas tengan tiempos de reacción más lentos y una toma de decisiones deficiente.
Este organismo señala que el uso de drogas ilícitas es perjudicial para la salud y pueden tener propiedades para mejorar el rendimiento en un atleta. Además, hay que considerar que, comúnmente, los deportistas son considerados como un modelo para seguir por los jóvenes de todo el mundo.
En medio de la polémica se quedaron los planes de Richardson de convertirse en la primera mujer estadounidense en ganar un oro en 100 metros desde Gail Devers en 1996. Luego de su sanción (un mes de suspensión), la posibilidad de que pueda participar en Tokio 2020 está en entredichos por dos legislaciones que se contraponen.
Ahora bien, es difícil comprender el interés federal por continuar con la prohibición de la marihuana, pues más de 321 000 estadounidenses trabajan en la industria del cannabis y más del 90 % de los ciudadanos piensan que la droga debería ser legal.
Con información de NYTimes, Washingtonpost y Wada.org
Foto: Adi Goldstein / Unsplash
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