Pese a que desde su campaña política el presidente Donald Trump ha mantenido una aparente imparcialidad ante el tema del cannabis, ahora se prevé que algunas de sus propuestas fiscales para 2021 afecten a esta industria.
Esto es debido a que el nuevo paquete fiscal que propone el mandatario se basa en una política de recaudación que no favorece a los consumidores medicinales ni a los recreativos, pese a que el gobierno estadounidense sigue reconociendo sus derechos.
Por esto, los gobernadores y los legisladores procannabis iniciaron una intensa campaña para evitar el incremento de impuestos y el daño a los menos favorecidos, como es el caso de la suspensión de los programas estatales legales de cannabis medicinal, que proveen esta sustancia a los pacientes de escasos recursos.
Además, la nueva propuesta de Trump deja en claro que no se eliminará la prohibición federal del cannabis ni desaparecerá esta planta del Anexo I previsto en la lista de sustancias ilegales.
Cabe destacar que, aunque el gobierno de Trump no está del todo de acuerdo con la despenalización del cannabis, existe la propuesta de otorgar un presupuesto de 17 millones de dólares para la regulación del cáñamo industrial.
Dicha situación evidencia la tensión entre la postura federal contra la normalización del cannabis en los mercados legales y las jurisdicciones locales que incorporan el negocio del cannabis a su desarrollo económico.
Tal es el caso de Illinois, localidad que durante 2019 obtuvo 40 millones de dólares en ventas legales del cannabis recreativo, durante el primer año tras la despenalización. Debido a esto, el gobernador de la entidad, JB Pritzker, mira con buenos ojos al cannabis y a las inversiones que ha traído a su estado.
Por otro lado, cabe destacar el caso de Colorado, el primer estado en legalizar el cannabis recreativo en Estados Unidos y que actualmente se ostenta como una potencia industrial del cáñamo.
Esta localidad se opone a la intromisión de las autoridades federales en la economía local que se desarrolló con las ventas legales de cannabis, como es el caso de la unión de empresarios con la industria cervecera.
Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, es otro caso particular que se debe mencionar, ya su labor se enfoca en los desequilibrios raciales en la aplicación de las leyes pro o antimarihuana.
Según Cuomo, la costa este de Estados Unidos sufre de una mayor carga de criminalización hacia los consumidores de color, que es la población más afectada con las detenciones por delitos relacionados al cannabis.
El proceso de legalización en el estado de Vermont es otro asunto que vale la pena recalcar. Su gobernador, Phil Scott, es un entusiasta de los estímulos fiscales que han incrementado las ventas al menudeo de marihuana.
Respecto a esto, Scott confía en las medidas de seguridad que implementará la regulación y en que el dinero que se obtenga a partir de ello se pueda usar en otros proyectos para el bien común.
Pese a la esperanza que muestran los casos antes citados, los obstáculos que ha interpuesto Trump son bastante complejos. Entre ellos se encuentra el freno al consumo recreativo, la incapacidad de los empresarios cannábicos para obtener créditos y las pocas deducciones de los impuestos corporativos.
Sin embargo, Trump ha ofrecido su apoyo a los estados que tienen el derecho de legalizar y de regular sus propias industrias cannábicas. Tal es el caso de los 33 estados, quienes ya han legalizado el cannabis medicinal desde 1996.
Con información de Cannabis Investor and Motley Fool
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