Uruguay es un pequeño país demócrata de 3,4 millones de habitantes, que en los últimos 15 años ha aprobado ciertas leyes progresistas. Entre ellas se destaca la aprobada en diciembre de 2013, que le permitió al estado uruguayo tomar el control productivo, comercial y distributivo de la marihuana como estrategia en la lucha contra el narcotráfico y con la intención de mejorar la salud de la población.
El camino de la legalización de esta droga no ha resultado nada sencillo, pues los prejuicios sociales no han sido el único obstáculo. También se ha sumado la resistencia por parte de los bancos a trabajar con empresas que se dedican a la marihuana.
Milton Romani, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), impulsa esta estrategia desde el punto de vista de los derechos humanos, pues asegura que la guerra contra las drogas no ha sido capaz de resolver ningún problema y que, incluso, resulta ser un problema más, pues genera más violencia sin disminuir la producción, ni el tráfico, ni el consumo.
Uruguay permite acceder a esta droga en sus tipos índica y sativa, con una concentración de entre 7 % y 9 % de THC, a través de 3 maneras:
Para poder tener acceso legal, es requisito que el usuario sea ciudadano nacional o con residencia legal, y que previamente esté inscripto en un registro. De lo contrario, podría penarse con prisión.
La parte más complicada de la ley es impulsar la venta de esta droga en farmacias, principalmente por la banca estadounidense por temor a sanciones en el exterior. A pesar de que Uruguay ha legalizado el fin recreativo, este sigue siendo un negocio ilegal en la mayoría de los países del mundo, por lo que la banca prefiere resistirse a trabajar con marihuana.
Solamente dos empresas producen cannabis con fines recreativos, por lo que la demanda ha superado por mucho a la oferta. Esto impulsó al gobierno a abrir una licitación para que cinco empresas nuevas puedan abrir sus puertas y así aumentar la producción.
Esta situación también impulsó al sistema financiero de EE. UU., el cual manifestó en 2018 su interés por permitir que los bancos estadounidenses puedan recibir dinero de este mercado.
El informe del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) asegura que esta ley ha conseguido quitarle al narcotráfico más de 22 millones de dólares en los últimos cinco años, estrategia que definitivamente ha golpeado más fuerte al narcotráfico.
Sin embargo, un segundo comercio ilegal, basado en cultivadores caseros o clubes cannábicos registrados, distribuye a turistas a pesar de no tener el permiso que le daría legalidad.
El turismo propiciado por la marihuana es bastante importante en el país, incluso, a pesar de la prohibición.
El investigador Galain asegura que no permitir al turista comprar marihuana legal no tiene ninguna lógica y que, incluso, resulta contradictorio, pues Uruguay impulsó esta ley alegando por los derechos humanos. Además, esto privaría al comercio uruguayo de este ingreso, ya que consideran que el turista encontrará una forma de obtenerla, aunque sea en el mercado negro.
El Estado uruguayo no tiene ninguna intención de promover el turismo afín a la marihuana, por lo que no tiene planeado ningún cambio en la ley en los próximos años.
Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y militante de esta lucha por la despenalización de la marihuana, desde diciembre de 2016, dirige el Museo del Cannabis en Montevideo. Este es una especie de combinación de museo y jardín botánico que tiene la intención de mostrar la historia, los usos y el camino que siguió la regulación del mercado.
Una gran mayoría de consumidores considera que Uruguay sigue siendo muy conservador, por lo que se sigue sufriendo discriminación social.
Los consumidores sienten una enorme desconfianza frente al hecho de estar en un registro estatal obligatoriamente, pues por décadas han sido reprimidos, discriminados e incluso perseguidos. Temen que un cambio de gobierno pueda causar una abrogación de la ley y que sus datos personales existan en un registro.
En febrero de 2015, el Ejecutivo despenalizó la producción de cannabis y cáñamo con intereses de investigación científica, medicinal e industrial. Sin embargo, Tabaré Vázquez, médico oncólogo, nunca estuvo de acuerdo con la despenalización de la marihuana impulsada por el expresidente José Mujica, por lo que lo acusan de atrasar el desarrollo y las concesiones de licencias para las empresas.
Sin embargo, Fotmer y Cannapur son empresas que pretenden generar cientos de empleos para producir cannabis medicinal.
Al tener la intención de impulsar los intereses médicos y de investigación con esta planta, el pasado 17 de octubre se creó en Uruguay la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam).
Andrea Kruchik, emprendedora, miembro fundador de Cecam y cofundadora de Yvy, empresa centrada en productos con cannabis medicinal, asegura que es lastimosa la opinión de los bancos. A su vez, asegura que, por la falta del impulso legal necesario, los productores de aceites y cremas producidas con marihuana han tenido que trabajar en la clandestinidad, ya que son productos muy eficaces y cada vez más buscados por los consumidores que quieren opciones más naturales.
Información de eldiario.es
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